El apartado de ruegos y preguntas del pleno de noviembre volvió a centrar parte de los asuntos de interés eminentemente local. El alcalde, Esteban Morales, dio respuesta a la pregunta de IU sobre la supuesta ilegalidad en los cobros por parte de Aqualia en la subrogación de contratos.Siga toda la información en GRUPO COMUNICA (NOTICIAS-14:30 h). Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73.
El regidor local ratificó la legalidad en el cobro de la citada fianza cifrada en 52 euros. De un lado, dijo que en cumplimiento del artículo 62 del reglamento de Suministro del Agua de la Junta de Andalucía, que establece que transcurridos dos años desde el fallecimiento, divorcio o separación de una persona, en los casos en los que no se ha cambiado la titularidad se tiene que cobrar una fianza que se deposita en la Junta de Andalucía. Y cuya tasa, (52 euros) quedó aprobada en diciembre del año pasado-dijo Morales.
Morales, reconoció que el error de la concesionaria del agua ha sido la remisión masiva de cartas a sus clientes para que regularizaran estas situaciones. Lo que ha provocado colas y tiempos de espera muy largos y no apropiados para un servicio público. Por lo que independientemente de se ha venido aplicando la ley , entre Aqualia y el ayuntamiento han acordado la paralización del cobro de fianza a todas aquellas peticiones de cambio de titularidad en el contrato de suministro por subrogación, sin el límite temporal de dos años en él establecido, siempre que se traten de solicitudes efectuadas antes del 31 de diciembre de 2018, a la vez que solicita a la empresa concesionaria para que proceda a la devolución de las fianzas prestadas por los abonados que hayan tramitado el cambio de titularidad del contrato de suministro con posterioridad al 1 de enero de 2017; dicha devolución deberá ser solicitada por el abonado antes del 15 de diciembre de 2017.
En este sentido la concejala de IU, Reyes Estrada solicitó que se ampliara el plazo para la devolución de la fianza , al tiempo que informaron al pleno que al “tener dudas sobre la forma de actuar de la empresa”, van a remitir el caso y solicitar información al respecto a la Delegación Provincial de Consumo.
