IU denuncia el aumento de los costes municipales de depuración por la falta de control a las empresas

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La concejala de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Puente Genil, Reyes Estrada, tras la reunión mantenida la pasada semana por parte del consejo de administración de Egemasa, denuncia que han “constatado que al no existir controles del vertido de las industrias a la red de saneamientos, los costes de depuración de agua “que tenemos que asumir se han disparado”. A día de hoy -precisó- ” sabemos que no existe ninguna sanción del ayuntamiento a las empresas “. Tampoco , “ tenemos noticia de que se esté trabajando con los empresarios, no para controlar como si fueran niños chicos sino para concienciarlos y trabajar de la mano con ellos para que inviertan en la depuración de aguas y se meta el agua en la red de saneamientos” en mejores condiciones.

Al mismo tiempo,  realizó una valoración muy positiva respecto a la información dada en el seno del Consejo de Administración, a tenor del debate plenario sobre  el funcionamiento y control de las aguas residuales de la EDAR. En este encuadre, dijo que “ cometí un error en el pleno al aseverar el mal funcionamiento del control de vertidos a la red de saneamiento incumplían en que las aguas depuradoras no iban a alcanzar la calidad suficiente para ser vertidas al río”. Pero tras esta reunión mantenida “se nos ha aclarado que no es así,  sino que el agua se vierte al río en buenas condiciones”.

En cuanto al posicionamiento en contra de IU,  sobre la petición de los agricultores de Miragenil para usar las aguas residuales al riego, este grupo mantiene el mismo posicionamiento político, “porque entendemos que la concesión del agua para riego debe ser una decisión técnica y no política y que dependerá de las condiciones del suelo, del ecosistema, del cultivo de las agua…”

A lo que añadió que “existen unos riesgos por muy estrictos que  se sea con el control del cumplimiento de la legalidad vigente, ya que no se aseguran los efectos de los contaminantes emergentes – como apunta la FAO”. Estrada concluyó diciendo que “en el fondo del problema está que hay sustancias químicas en los productos que no sabemos cómo van a evolucionar en un largo plazo de tiempo, aunque esta cuestión no depende de la competencia municipal”.

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