El ayuntamiento de Puente Genil ha abierto un Expediente de Información Reservada “para obtener la información de primera mano” respecto a la acusación del Inspector Jefe de la Policía, Lorenzo Humanez, por supuestos delitos de corrupción de menores y prostitución. Lo que pretenden desde el gobierno “es no quedarnos solo con lo que obtenemos de los medios de comunicación, para a partir de ahí tomar una decisión” En definitiva, “saber si hay elementos que nos permitan dar un paso más”.Según ha informado en comparecencia de prensa el portavoz del Gobierno, José Antonio Gómez.
Se trata de una normativa regulada en la Administración Local a la que se ha llegado mediante la colaboración de la Secretaría General del Ayuntamiento. Si bien es la primera vez que el ayuntamiento de Puente Genil hace uso de esta herramienta que se diferencia del expediente de información público (que solicita el PP) “ pero que no se viera mermada la presunción de inocencia” . Es decir “el grupo municipal va a obtener una información reservada y posteriormente ver si es viable emprender otro tipo de decisiones”. TODA LA INFORMACION CON GRUPO COMUNICA- PUENTE GENIL TV (hoy 20:30 h).
Ya que a día de hoy el equipo de gobierno municipal no dispone nada más que de la información que aportamos los medios de comunicación. Y “cuando tengamos más información la iremos dando a conocer porque lo que pretendemos es ser transparentes”.
Gómez, niega que ningún sindicato o colectivo de la lcoadliad haya solicitado la suspensión de su cargo al Inspector Jefe ni ninguna otra medida.
Lorenzo Humánez, está llamado a declarar en el juzgado de lo penal número 3 de Córdoba prevista para el 9 de mayo, junto a nueve personas acusadas de delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores. La Fiscalía pide penas de dos años de prisión y multa de 4.500 euros para cada uno de los procesados.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, de diciembre del 2010 a enero del 2011, una menor de 17 años contactó a través de una red social con uno de los acusados, con quien concertó un encuentro y se trasladaron a un descampado de Córdoba, lugar en el que “sin que conste el empleo de fuerza o intimidación, pero sin consentimiento de la menor”, supuestamente la obligó a mantener relaciones sexuales. Desde abril del 2011 la menor se alojaba en el domicilio de dos mujeres que, supuestamente, la “presionaban” para prostituirse.
