El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, «ha remitido por tercera vez y, ante el silencio del Gobierno central», una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con copia al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que traslada una serie de demandas históricas de regadío por parte de los agricultores de Córdoba, tanto en la cuenca del Guadalquivir como en la del Guadiana, para que se valoren y sean incluidas en los acuerdos que se adopten dentro de los acuerdos que se tomen a nivel nacional en relación al agua.
Asimismo, se ha dirigido también a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, para que esas mismas demandas, de las cuales una parte muy importante ya han sido tenidas en cuenta en los borradores actuales de grupo de trabajo para el Pacto Andaluz por el Agua, sean trasladadas por el mismo al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias para autorizar el incremento de los regadíos a través de las confederaciones hidrográficas.
Y es que “entendemos que hay dotaciones suficientes para revertir la situación”. En Córdoba, según datos de la Consejería de Agricultura, se han dejado de usar desde los años 90, o no se han asignado dotaciones previstas en el Plan Hidrológico, un mínimo de 228 Hm3, mientras que en otras provincias se han ido incrementando los regadíos desde esa fecha. Esos 228 Hm3 procederían de las zonas regables del Guadalmellato, Guadajoz, riegos con toma directa y Genil Cabra, entre otras, y daría para poner 150.000 ha de olivar en riego, lo cual supondría mucho empleo y riqueza.
Pero, además, sigue yendo mucha agua al mar durante diferentes épocas del año, pues no se permiten bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales, tal y como ya ha solicitado también la comunidad de regantes de Jauja (Lucena) quienes están viendo cómo la escasa rentabilidad de sus plantaciones de olivar en régimen de secano ubicadas en zona de mínima pluviometría está haciendo morir la economía de todo un pueblo.
También, “se ponen todo tipo de trabas a la construcción de balsas y microembalses, en muchos casos por la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las consejerías que han tenido o tienen estas competencias, que cada una actúa por su cuenta”. Existen limitaciones al uso de aguas regeneradas (que parecía en vías de solución, pero no acaba de resolverse), o limitaciones a nuevas concesiones de aguas subterráneas y legalizaciones de pozos, todo lo cual frena la inversión y la generación de riqueza.
