En relación con las declaraciones de Izquierda Unida relativas al despido de varios empleados de la empresa concesionaria de la piscina cubierta, el Ayuntamiento realiza las siguientes declaraciones. De un lado, la delegación de Deportes “ha dado los pasos pertinentes para requerir toda la información a la concesionaria relativa a los mismos, al objeto de velar para que el servicio se siga prestando con total normalidad para el ciudadano, así como el cumplimento escrupuloso de lo estipulado en el contrato de concesión”. Desde el Ayuntamiento, se entiende que tomar cualquier medida “sin análisis sosegado de dicha información sería precipitado, y no escandaloso “-como lo llama IU- ” acostumbrado únicamente a gritar y no resolver problemas, que es lo que realmente la ciudadanía reclama”.
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Tanto el concejal de Deportes como el alcalde” han mantenido conversaciones con los afectados, a quienes se les ha instado a que, mediante asesoramiento legal, reclamen aquello que por ley les corresponden”. Este Ayuntamiento, “jamás ha justificado la explotación laboral de la plantilla de la piscina ni del personal de Sodepo”. Y manifiesta que “a la vista está que ha sido con el PSOE en el Ayuntamiento cuando la plantilla de Sodepo ha tenido por primera vez un convenio colectivo, cosa impensable para la plantilla en tiempos de Izquierda Unida”.
Desde el equipo de gobierno dicen que “conviene recordar que, debido a la ruina económica con la que Izquierda Unida dejó las arcas municipales, el Ayuntamiento se vio, entre otras importantes dificultades, ante el dilema del cierre de la piscina cubierta o el mantenimiento de ese demandado servicio por la ciudadanía, debido al déficit de más de 150.000 euros que presentaba dicho servicio gestionado por Sodepo” . Desde entonces, “el servicio se ha visto ampliado en horarios y actividades, con lo que se debe entender de mayores prestaciones a la ciudadanía, sin obviar las dificultades económicas para toda empresa que comienza su andadura”.
Recuerdan que “los trabajadores no tenían convenio colectivo en Sodepo, y que la encomienda de gestión municipal era declarada fuera de la legalidad por los servicios jurídicos municipales, viéndose inmerso el Ayuntamiento en un plan de ajuste en el que hubo que dejar sin empleo a 10 albañiles y reducir jornada laboral y salario a otros 12 empleados, además de tener que subir los impuestos para sanear el desasosiego económico de la gestión de los que ahora -como es costumbre en ellos- gritan”.
