Las Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, especialmente a través de las pertenecientes a Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha puesto en marcha, coincidiendo con la temporada cinegética, una campaña de control de perros, de modo especial sobre los de razas utilizados como medios auxiliares de la actividad cinegética. En concreto, la campaña se inició el pasado 9 de octubre de 2016 y ha finalizado el día 13 de febrero de 2017, fecha en el que se inicia la veda general.
Dicha campaña se ha articulado con dos líneas de trabajo bien diferenciadas, por un lado se articularon los procedimientos operativos de servicio para evitar la actividad delictiva (patrimonial y de maltrato animal derivada de esta) cometida contra los perros utilizados como medios auxiliares de caza, sobre todo de la raza galgo y podenco. En un segundo término, y una vez producidos, articular los cometidos para identificar y descubrir a su supuestos autores.
Como segunda medida, se incrementaron las medidas de policía administrativa respecto a las obligaciones legales para la tenencia de este tipo de animal de compañía, sobre todo respecto a identificación individual y condiciones higiénico-sanitarias, siendo receptores de las mismas las rehalas utilizadas en modalidades de caza mayor y las distintas partidas de caza menor denominadas “en mano” y la caza de liebre con galgo.
A este tenor, se ha puesto especial atención a las denuncias presentadas por robos y hurtos de perros, iniciando los procesos de investigación oportunos para localizar a sus supuestos autores. Fruto de estas investigaciones se han detenido o investigado a 8 personas a las que se le consideran responsables de delitos de robo, hurto o receptación de este tipo de animales, propiciando la recuperación de 29 perros sustraídos de las razas podenco y galgo, que ya han sido entregados, en su mayoría, a sus legítimos propietarios
Paralelamente, estas acciones se han complementado con la intensificación del control administrativo de los requisitos que la actual legislación exige a los poseedores de este tipo de animales de compañía, es decir, identificación individual mediante implantación de microchip, cartilla sanitaria, tratamientos veterinarios y , en su caso por ser animal potencialmente peligroso, licencia administrativa para su tenencia, seguro de responsabilidad civil, así como las condiciones para su paseo por las vías públicas (siempre con bozal y sujeto mediante correa no extensible).
En total se han desarrollado 107 inspecciones administrativas llevados a cabo sobre poseedores de perros. Como consecuencia de ellas, se han detectado 56 infracciones administrativas a la ley 11/2003, de protección de los animales de Andalucía, entre las que destacaron la posesión de perros careciendo de identificación individual mediante microchip y no administrar los tratamientos veterinarios obligatorios (vacuna antirrábica).
Es de recordar que los dueños de mascotas, concretamente de perros, gatos y hurones, están obligados a identificarlos con un dispositivo electrónico y contar con la cartilla sanitaria donde conste los tratamientos veterinarios administrados a los mismos.
