El grupo municipal de Izquierda Unida, votó en contra en el Consejo de Administración de Sodepo, celebrado el 31 de octubre, de la firma de un contrato de arrendamiento de la superficie de Campo Real para la instalación de una planta Fotovoltaica que desarrollará la empresa,  Solar Campiña Cordobesa 2 S.L. con sede social en Córdoba. El PSOE y PP dieron su consentimiento, según ha explicado, Virginia Bedmar.

El contrato contempla el arrendamiento por un mínimo de 47 años y un máximo de 59 de la superficie a la citada firma.  La empresa acuerda abonar 31.500 euros al año en concepto de alquiler. Según las cláusulas, la primera fase  está supeditada a que se consigan las licencias pertinentes (3 años más uno de prórroga);  un segundo periodo, también de cuatro años, para la instalación de la planta; 40 años, en concepto de alquiler de los terrenos y dos periodos, de cinco años, de prórroga. HOY EN GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (20.30 horas).

El alquiler se realizará por la totalidad de los terrenos de Campo Real, que ocupan 21 hectáreas. Una superficie que se adquiriró por el ayuntamiento de Puente Genil para destinarlo a nudo logístico. Por lo que ahora, -dijo Bedmar- “desconocemos si hay que recalificar el terreno, lo único que nos dieron fue un estudio económico para valorar el terreno”. La empresa desarrollaría la actividad para lucro particular, “ni siquiera  la empresa se compromete a vendernos energía”- apostilla Bedmar.

Desde Izquierda Unida precisan que “no estamos en contra de las energías renovables, sino que nuestro voto negativo es por la falta de información”. Es decir, “no tenemos ningún dato del proyecto, ni han realizado un estudio económico  ni medio ambiental”.

En definitiva, “ por los flecos que hay en el contrato y porque no nos dejaron, que quedara sobre la mesa, consideramos que es un contrato importante en el que se va a comprometer el terreno”, por lo que el voto de IU fue negativo.

Para el portavoz, de IU, Jesús David Sánchez “contrasta mucho que mientras llevamos dos  años con el contrato del transporte público en precario, que nos planten en cuatro   días un contrato de alquiler que se podría prolongar hasta por 60 años, me gustaría denunciarlo porque ni siquiera  nos hacen llegar un informe económico, no nos dan margen para hacer enmiendas, ni nos explican  el aprovechamiento industrial”. Por tanto, “denunciamos que el equipo de gobierno resuelve unas cosas muy rápidas y otras muy lentas”.

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