La Fiscalía Provincial de Córdoba advierte de que “es posible” que en la localidad de Puente Genil e “incluso en el centro de Cruz Roja haya extranjeros residiendo que son controladores” respecto a mujeres víctimas de trata, por lo que sugiere a la institución humanitaria que “ponga cámaras, conforme a la legalidad, que podrían aclarar las circunstancias de algunas marchas” de mujeres. Así lo recoge la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía referida al año 2015, en la que se destaca “el esfuerzo realizado” por la Sección de Menores de la Fiscalía de Córdoba y las indicaciones que hace en su memoria, en relación a la problemática de las mujeres inmigrantes con menores de filiación desconocida y posibles víctimas de trata, según informa Europa Press.
El informe, en concreto, señala que la situación es “casi como hace tres años, con las mujeres que vienen con sus menores y se marchan sin que apenas se haga nada”, a lo que agrega que, “a día de hoy, todos los menores que llegan son reseñados e inscritos en el Registro de Menores extranjeros no acompañados”. También se les realiza la prueba de ADN y hay más agilidad en la obtención de resultados, que se suelen facilitar al mes aproximadamente.
En algunos casos, “las madres han solicitado algún documento que les acredite el resultado positivo de esas pruebas y se les ha dado”, precisa el Ministerio Público, que remarca a tal efecto que “en todos los casos los resultados han sido positivos”. La Fiscalía, no obstante, califica de “lamentable la falta de recursos y de acuerdos de colaboración con entidades especializadas”, puesto que “para menores víctimas de trata no hay recursos en Andalucía”, aunque “sí en otras comunidades autónomas, pero son reacias a admitir a menores de otras comunidades”.
Advierte, además, de que “tampoco hay recursos para acoger a madres con niños cuando no reconocen su condición y están en proceso de identificación que pudiera evitar la traumática separación de uno y otro, tanto previa a la intervención del servicio de protección, como posterior, en fase de reintegro”. Ante ello, la Fiscalía sostiene que si se contara con esos recursos que evitaran la separación de los menores y garantizaran la posibilidad de trabajar con las madres, “posiblemente el Servicio de Protección adoptaría medidas sin tantas reservas o incluso podrían derivarse directamente por las ONG”.
Mientras, apunta que las medidas cautelares del Código Civil “sólo sirven para posponer la salida de las unidades familiares durante un tiempo”. Ello podría ser “aprovechado para realizar una intervención especializada, más específica que la que se ofrece en Cruz Roja, pero no da tiempo a obtener resultados”, argumenta el Ministerio Público.
En cualquier caso, reseña que la experiencia acumulada en esta materia permite establecer que la protección de estos menores es “muy difícil”. El “principal obstáculo” es, de hecho, “la falta de colaboración de las mujeres”, porque se trata de mujeres víctimas de violencia de género que “se niegan a ser protegidas, pero que tienen adecuados vínculos afectivos y comportamiento adecuado con sus menores hijos”. El fiscal, además, advierte de que “ahora vienen más embarazadas y no se está registrando a sus hijos nacidos en España, al no estar clara su inclusión con arreglo a los criterios del Protocolo Marco”.
